La futura PAC, el acuerdo que no llega

Las negociaciones de finales de mayo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo han concluido sin un consenso en torno a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2023-2027, y las reacciones en nuestro país no se han hecho esperar.

Redacción

Desde el grupo socialista en el Parlamento Europeo, la portavoz en la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, Clara Aguilera, ha expresado su decepción por el resultado de las negociaciones, aunque mantiene la esperanza de que se conseguirá cerrar “un buen acuerdo en junio”. Aguilera ha incidido en que tanto el grupo socialdemócrata en la Eurocámara como el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la presidencia portuguesa del Consejo, seguirán “trabajando para llegar a un acuerdo que defienda los intereses de la agricultura española”.

La eurodiputada ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad al sector agrario, recordando que la sostenibilidad ambiental que promueve la reforma debe ir acompañada de sostenibilidad social y económica. Confiamos en que, con buena voluntad por parte de todas las partes involucradas, todavía se pueda llegar a un compromiso justo”, ha indicado.

Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, ha lamentado que “la falta de flexibilidad” del Parlamento Europeo haya impedido cerrar las negociaciones en Bruselas. Como representante de las comunidades autónomas durante el primer semestre de 2021, Crespo ha acompañado el ministro Luis Planas en la reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea. A su juicio, los representantes de los Estados miembro “han hecho lo posible por llegar a un acuerdo en la Política Agrícola Común a lo largo de estos días, pero la propuesta del Parlamento ha sido demasiado ambiciosa y poco flexible en las cuestiones medioambientales y sociales, y la Comisión no ha tendido puentes, como es su obligación”. La consejera confía en que el entendimiento se alcance en la cita de junio en Luxemburgo, con una premisa: “Ambición medioambiental, sí, pero con posibilidades y tiempo”.

Representantes de la producción

Las organizaciones de productores agrarios también han mostrado su descontento por la falta de acuerdo. Desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han expresado su rechazo a que se destinen un 25% de las ayudas de la PAC a los ecoesquemas al considerar que “en la práctica supone un recorte encubierto para financiar políticas verdes con fondos agrarios”, señalan en un comunicado. Para su secretario general, Miguel Blanco, “resulta intolerable que, tras los aprendizajes que nos deja la pandemia, obviemos el carácter estratégico del sector agrario y desde las instituciones comunitarias se quiera reconvertir a los agricultores profesionales en los jardineros de Europa”.

Desde Asaja lamentan “la falta de voluntad política para cerrar un acuerdo satisfactorio” y esperan que en las próximas semanas “se puedan acercar posiciones en torno a un compromiso que garantice la estabilidad, viabilidad y competitividad” de las explotaciones en los próximos años. La organización insta a los negociadores a “asumir su responsabilidad” para lograr un acuerdo que “salvaguarde por igual el rendimiento económico y ambiental, puesto que la Política Agrícola Común determina la renta de millones de ganaderos y agricultores, así como nuestra seguridad alimentaria, nuestra independencia estratégica y la sostenibilidad de nuestros territorios”.

Más optimismo muestran en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), donde lamentan que las negociaciones no hayan llegado “a buen puerto”, pero reconocen que “aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente” a las pequeñas y medianas explotaciones familiares.

UPA sigue defendiendo el techo máximo de ayudas, que ven como “una de las claves para el futuro de la PAC” y piden al ministro Planas “que no dé ni un paso atrás” en la exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. “Esta ayuda debe servir para lograr la ansiada ‘justicia social’ en las ayudas al campo que vienen de Europa”, señalan.

Por su parte, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España consideran que “las últimas peticiones de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo sobre la denominada arquitectura verde deben tener en cuenta la sostenibilidad del sector agrario europeo, no sólo medioambiental, sino también desde el punto de vista económico y social”. La organización insta a la Comisión Europea a “jugar un papel de mediador entre las posiciones del Consejo y del Parlamento” y a “no intentar imponer posiciones que van más allá de su propuesta de 2018”.

Asimismo, lamentan que la propia CE “no haya elaborado ningún estudio de impacto y que pretenda introducir medidas y obligaciones muy concretas dentro de la PAC sin valorar sus repercusiones”, en alusión a los compromisos del Pacto Verde y la estrategia ‘De la Granja a la Mesa’.