Acuerdo político sí, pero incertidumbre también (y mucha)

Esther Herranz. Experta en la UE y agricultura (diputada europea 2002-2019), profesora y apasionada del sector agroalimentario

Estos primeros días de verano hemos visto como se ha alcanzado un acuerdo político entre Consejo, Comisión y Parlamento europeos en los temas más peliagudos de la futura Política Agrícola Común, que entrará en vigor en 2023. El acuerdo era necesario porque se agotaban los plazos y es importante dar estabilidad al sector, además no es tan agresivo como el que planteaban el grupo político de los verdes y la izquierda en su conjunto, aunque han conseguido dos cosas que me preocupan mucho.

La primera es estigmatizar a agricultores y ganaderos como un sector poco respetuoso con el medio; lo cual es una falacia indignante. También han conseguido que estos profesionales del sector primario sean señalados como sospechosos de incumplir las legislaciones laborales de los Estados miembros de la UE, es la primera vez que en un documento oficial que trata un sector se hace semejante referencia y es doblemente preocupante, lo primero porque los técnicos agrícolas no tienen que hacer injerencia en temas laborales, para eso ya existe el Cuerpo de la Inspección de Trabajo, y lo segundo porque a partir de ahora, si no se quieren hacer discriminaciones, ese mismo apartado deberá aparecer cuando se traten sectores como el comercio, la industria, la tecnología o el turismo; todo ello es en sí mismo un despropósito que viene de la mano de la izquierda radical europea y los verdes, con el único afán de desprestigiar al sector primario. Todo esto traerá, además, mayores trámites burocráticos, lo cual borra de un plumazo cualquier afán de simplificación.

El acuerdo general, que ahora alcanza solo a los temas más espinosos, será completado con las negociaciones pendientes para cerrar todos los capítulos y será ratificado por el Parlamento Europeo en octubre de este año. Ya se han hecho valoraciones sobre los temas candentes y, en mi opinión, lo más grave es el recorte del presupuesto general, que unido a los ecoesquemas (y su 25% del presupuesto de ayudas directas) y la convergencia interna entre regiones al 85%, van a suponer recortes progresivos, año a año, en las ayudas agrarias de los agricultores profesionales.

En profundidad

El acuerdo trae de bueno el freno a las ambiciones de los verdes y radicales para quienes sólo es admisible la agricultura ecológica y desprecian los demás sistemas, pero un poco decepcionante en cuanto a la gestión de mercados, que se limita a ampliar a todos los sectores el régimen actual de la leche de ayudas a los productores que reduzcan su producción en situaciones difíciles del mercado, pero se pierde una oportunidad de haber ideado el tan necesario sistema de gestión de crisis rápida y eficaz que tanto se precisa desde hace tiempo.

Ahora bien, hay mucha incertidumbre pendiente. Ahora el 50% de los fondos se va a decidir por cada Estado miembro, por lo que todas las miradas deberían fijarse en el Plan Estratégico que España debe presentar antes de fin de año y que nadie conoce a fecha de hoy, 1 de julio. Luego estamos ante una incógnita que, parece, se despejará a mediados de julio, fecha en la que se ha anunciado la convocatoria de la reunión sectorial.

Otro asunto que crea incertidumbre es qué ocurrirá con epizootias previsibles si se sigue sin exigir reciprocidad a las importaciones de países terceros.

Tampoco sabemos si lo acordado entre Ministerio de Agricultura y Comunidades Autónomas valdrá para algo, ya que el acuerdo tiene que tener el visto bueno del Ministerio de Transición Ecológica y del Comisario Timmermans, o sea que los acuerdos agrarios ya han dejado de ser competencia agraria para pasar a ser responsabilidad de otras carteras.

No tranquiliza la condicionalidad reforzada, ya que puede convertirse en un galimatías difícil de cumplir. Tampoco se ha conseguido incluir a la aceituna de mesa en la lista de productos acoplados.

Así que bien por tener un acuerdo menos agresivo de lo que imponían algunos, pero fijemos nuestra vista en la propuesta de Plan Estratégico Nacional, porque de él dependerá la renta que los agricultores y ganaderos recibirán y también la apuesta o no de España por la agricultura profesional y familiar.

Demasiada incertidumbre todavía como para lanzar las campanas al vuelo por el principio de acuerdo político.