Objetivo: desperdicio alimentario cero

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, que nace con el objetivo de reducir la cantidad de alimentos sin consumir que se tiran a la basura y favorecer su aprovechamiento. 

La ley trata de fomentar buenas prácticas desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección, hasta los consumidores, bien en el hogar o en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos se produce a lo largo de todas las fases de la cadena. 

Así, todos los agentes de la cadena deberán contar con un plan de prevención para que, a partir de un autodiagnóstico, adopten medidas para minimizar las pérdidas conforme a una jerarquía de usos. Tendrá prioridad el consumo humano, seguido de la transformación en productos como zumos o mermeladas. Cuando los alimentos ya no sean aptos para consumo humano, la preferencia de uso será, por este orden, la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria y la obtención de compost o biocombustibles. 

Consecuencias económicas, sociales y ambientales 

Tal y como recuerdan desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, durante el año 2020 los hogares españoles tiraron a la basura una media de 31 kilos/litros de alimentos por persona, hasta un total de 1.364 millones de kilos/litros. 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado la atención sobre estos datos, que suponen la pérdida de 250 euros por persona. Planas ha destacado que la ley tiene como objetivos “regular y concienciar” y “da respuesta a una necesidad social”. Por un lado, “regula el uso preferente de los alimentos para consumo humano”, favoreciendo la donación o redistribución, y por otro, trata de “concienciar a la sociedad sobre la necesidad de disminuir el despilfarro de alimentos”. 

El ministro ha explicado que el desperdicio de alimentos representa una “ineficiencia” de la cadena alimentaria, que tiene consecuencias económicas, sociales y ambientales, porque supone malgastar el trabajo realizado por agricultores y ganaderos en la producción de alimentos y malograr los recursos naturales que se consumen en este proceso. 

Con la aprobación de esta ley, el Gobierno da un paso más en su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).