Las OPAs presentan un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden del lobo

Con fecha 9 de noviembre las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han presentado ante la Audiencia Nacional un recurso contencioso-administrativo contra la Orden del ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de 20 septiembre de 2021, que prohíbe cazar al lobo. Los servicios jurídicos de las OPAs piden igualmente la suspensión de la Orden mientras se tramita este recurso.

Con este recurso, las organizaciones agrarias tratan de evitar que se agrave aún más la situación de los ganaderos que, como el propio ministerio de Transición Ecológica reconoce en su última Memoria, aun estando en vigor el anterior régimen de protección, “desde el punto de vista de protección de la ganadería extensiva, los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”.

Con anterioridad a la inclusión del lobo en el LESPRE, los ganaderos al norte del rio Duero perdían una media de 9.812 animales al año, la incorporación del lobo en este régimen de protección especial, explican, lógicamente supondrá un incremento exponencial de estas pérdidas por no hablar de otros daños en el ámbito rural.

En el recurso presentado se detallan pormenorizadamente los daños económicos y sociales, por comunidades autónomas, que los ganaderos han sufrido en los últimos años y las indemnizaciones, siempre parciales e insuficientes, para resarcir las pérdidas reales, que las administraciones regionales han tenido que poner en marcha.

Además, en el recurso también se alega cómo, incomprensiblemente, esta Orden ha entrado en vigor sin estar precedida de la correspondiente actualización de la Estrategia de Conservación y Gestión del Lobo. Por otro lado, su aprobación deja en “papel mojado” los Planes de Gestión de las cuatro comunidades autónomas afectadas,lo que aboca al sector agrario a un limbo jurídico.Por todo ello, se pide la suspensión cautelar dela mismay el mantenimiento del status quo.

ASAJA, COAG y UPA confían en que esta suspensión cautelar haría rectificar a la ministra Teresa Ribera y emprender el cauce del diálogo y la búsqueda del consenso para, entre todas las partes afectadas, lograr garantizar un equilibrio entre la conservación del lobo y la actividad ganadera.