COAG acusa a la industria láctea de "tirar los precios" durante la pandemia

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado lo que considera una “ofensiva iniciada por determinadas industrias lácteas durante las últimas semanas para justificar una agresiva revisión a la baja de los precios pagados al ganadero en los nuevos contratos de primavera”.

A partir del informe técnico elaborado por su Departamento de Ganadería, COAG  señala que “los efectos del Covid-19 están siendo utilizados como excusa para romper la ligera tendencia al alza del último año (+3% entre febrero de 2019 y febrero de 2020), tras un crítico lustro en el que se han perdido 4.800 granjas familiares”.

La organización asegura que “si se materializaran las intenciones de las industrias, se pondría contra las cuerdas al 25% de los ganaderos/as, más de 3.000 pequeñas y medianas explotaciones familiares, de las 12.686 que existen en la actualidad”. 

Según el análisis de COAG, los datos reales desmontan “el relato de la industria para justificar una reducción de los precios de la leche en origen”.

"Se llama especulación”, señala el responsable del sector lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, “y no podemos tolerarla en ningún caso y menos ahora. Los ganaderos llamamos a la responsabilidad de industria y distribución para que refuercen su apuesta por la producción de nuestro país en un momento en el que todos los eslabones de la cadena deben seguir comprometidos con el abastecimiento de productos lácteos de máxima calidad a todos los ciudadanos/as”. Para Anabitarte, “este compromiso debe traducirse en la formalización de contratos en el sector a un precio justo y que cubra los costes de producción, en el estricto cumplimiento de la normativa vigente y en la puesta en valor del producto de proximidad".

La Coordinadora ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que “extreme los controles” con el objetivo de detectar posibles infracciones de la Ley de Cadena Alimentaria y Paquete lácteo, y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que actualice “de manera urgente” los estudios de costes de producción ECREA y RENGRATI “para que los productores cuenten con una referencia para las negociaciones en curso con las industrias”.

Para COAG, imponer precios por debajo de los 0,37 euros/litro fijados en los estudios de referencia del MAPA sería “ilegal y sancionable”.