Economía

COAG y CERES visibilizan la desigualdad de género en las ayudas agropecuarias

04/03/2021

A las puertas del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Área de la Mujer de COAG y la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES) ponen de relieve que las explotaciones de titularidad femenina tienen más difícil el acceso a las ayudas agrarias.


Según los datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) los números de las explotaciones de mujeres perceptoras de ayudas PAC están muy lejos de poder equipararse a los de los hombres. Solo el 27,5% de las ayudas directas y el 26,34% de las ayudas de Desarrollo Rural, apenas 3 de cada 10 euros, son percibidas por mujeres.

Por ello, COAG y CERES consideran imprescindible hacer un análisis sobre la perspectiva de género en estos dos programas de impulso a la actividad agraria, pues marginan las tierras de las agricultoras y ganaderas al ser de menor dimensión y contar con producciones no elegibles. Las dos organizaciones creen que el objetivo de avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres en la PAC y en el Programa de Desarrollo Rural pasa por aplicar una nueva estrategia de género a la realidad del campo, no solo para alcanzar la igualdad real sino también para frenar el despoblamiento del medio rural.

Sesgo de género

A día de hoy, tanto las ayudas de la PAC como las del PDR están diseñadas desde un punto de vista masculino, estableciendo como explotación “tipo” perceptora un modelo que se adapta a la mayoría de las explotaciones cuyo titular es un hombre. No se tiene en cuenta la perspectiva de género, mediante la cual se debería contemplar que la mayoría de las explotaciones cuyas titulares son mujeres tienen un modelo diferente a las de los hombres. Suelen ser explotaciones de menor dimensión, que en muchos casos cuentan con cultivos y producciones ganaderas alternativas, no elegibles para las ayudas, lo cual no implica que no sean viables ni productivas.

Según un estudio de CERES, las mujeres preservan más derechos en la llamada agricultura de azada, esto es, cultivos hortofrutícolas permanentes y ganadería, que en la agricultura de arado, principalmente de secano de cereal, más masculinizada. Este sesgo de género en las explotaciones agrarias y ganaderas es el espejo mismo de la “jornada reducida” a la que se ven abocadas muchas mujeres que trabajan por cuenta ajena. La reproducción de los estereotipos de género que se imponen a las mujeres en el ámbito familiar y social no permite, en muchos casos, que las mujeres del campo puedan dedicarse a explotaciones con mayor superficie, denuncian las organizaciones en su comunicado.

Asimismo, algunas explotaciones cuyas titulares son mujeres optan no solo por explotaciones menos dimensionadas sino por modelos y producciones diferentes, haciendo hincapié en la agricultura más sostenible, lo que requiere mayor trabajo y, por tanto, menos posibilidad de ampliación de superficie.

“La PAC podría ser sin lugar a dudas un ejemplo de innovación social bien aplicada. La igualdad de oportunidades no se basa en que se establezcan las mismas condiciones para acceder a las ayudas una vez se hayan cumplido los requisitos de “explotación tipo” como es este caso, sino que debe de realizarse antes, es decir, en la línea de salida y no en la de la meta. Por ello es preciso que en el diseño de los requisitos, se tenga en cuenta la casuística de las explotaciones con mujeres titulares. Se trata de adaptar la normativa a la realidad del campo, teniendo en cuenta a las mujeres”, incide Inmaculada Idáñez, responsable del Área de la Mujer de COAG y Presidenta de CERES.

Además, con motivo del 8 M, COAG y  CERES instan al Gobierno central a firmar la Declaración de los Derechos Campesinos probada por la ONU en octubre de 2018. En ella se reconoce que: los Estados adoptarán todas las medidas para que las mujeres de las zonas rurales disfruten de los derechos a participar en los planes de desarrollo; los Estados tienen que facilitar el acceso de las mujeres a seguridad social, formación, educación y servicios financieros; los Estados deben facilitar el acceso a las mujeres en condiciones de igualdad a la tierra y los recursos naturales, y que los puedan utilizar y gestionar en pie de igualdad.

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